Marcha Carnaval: resistencia social en el territorio.

Por: Edwin Soto Castro.

Como era de esperarse se desarrolló la XI Gran Marcha Carnaval en defensa de la vida, el agua y el territorio en la ciudad de Ibagué, con la compañía de diferentes organizaciones como lo fueron los grupos artísticos y culturales de danza y música, instituciones educativas, sindicatos, comunidades organizadas, así como delegaciones de las regiones donde se proyecta o proyectó el desarrollo de una apuesta minero-energética.

La cita se pactó para el 7 de junio con la finalidad de respaldar la iniciativa de movilización social que se viene desarrollando desde mediados de la década pasada, dado que en su momento la multinacional AngloGold Ashanti pudo adquirir licencias ambientales para realizar la explotación minera sobre los ecosistemas del páramo y hasta el paisaje cafetero con el proyecto de La Colosa en el municipio de Cajamarca, Tolima.

“Esta es una movilización muy importante para el ambiente porque queremos seguir dejando una cultura de defensa del territorio, defensa de los derechos colectivos, al ambiente sano; es mirar cómo le exigimos al gobierno colombiano que tiene que cambiar de una vez por todas ese modelo desarrollo y extractivismo, que lo único que genera es saqueo, despojo, contaminación y casi que se roba por completo los derechos fundamentales de la gente”, expresó Renzo García, integrante de la Mesa del Comité Ambiental del Tolima.

El punto de concentración donde se sumarán las diferentes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron esta actividad fue sobre las inmediaciones de la sede del Comité Ambiental y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, sobre la calle 42 a partir de las 2:00 p.m. Como se indicó, las personas se congregan con pancartas, danzas, disfraces y mucha alegría colorida para lanzar un compendio de consignas en pro de defender las garantías constitucionales de tener un entorno saludable de su medio ambiente.

En primera medida, las exigencias tienen como objetivo defender las bases del estado social de derecho, la autonomía territorial, el cumplimiento de las consultas populares y los acuerdos municipales, que deben hacerse efectivos a través de la anulación de los Títulos Mineros y contratos de exploración y explotación en los municipios donde se han prohibido las actividades de minería e hidrocarburos, según expresó Renzo Alexander García, integrante del Comité Ambiental al medio Contagio Radio.

Durante un tiempo la gente desconoció de qué se trató el proyecto minero de oro más grande de la región aún sin explotar, así lo documento hace once años los medios de comunicación cuando el entonces presidente de la AngloGold Ashanti expresó, que esta mina era la “más grande hallado en los últimos diez años en todo el mundo”.

Pero, las comunidades emprendieron una acérrima defensa del territorio y así mantuvieron una apuesta social viva, así lo expresó Jhon Freddy Sánchez, más conocido como “Sancho”, integrante del Comité Ambiental del Tolima,  “cuando aún no existía el Comité Ambiental sino que existía un proyecto que se llamaba la reversa, que precisamente se pensó para reversar el proyecto la Colosa que ha sido uno de nuestros objetivos, sin embargo, a medida que hemos ido avanzando y se ha sumado más gente, hemos descubierto que la pelea no es solo en contra de un proyecto minero, sino contra un modelo económico que es extractivo”.

Según lo estimado por organizaciones sociales y el comité ambiental, 28 millones de onzas de oro arrojaría al mercado la mina a cambio de la afectación del municipio de Cajamarca y el Tolima. La deforestación y contaminación de fuentes hídricas de la región; esto pudo haber tenido un impacto en la agricultura principalmente, sin embargo, también repercutiría en el abastecimiento de agua potable en municipios aledaños al proyecto minero.

El mayor patrimonio de la gente está en sus riquezas naturales como lo es el agua, como se indicó, el Comité Ambiental vio factores a corto plazo para abanderar junto con varios sectores de la sociedad una resistencia campesina y popular en contra de una multinacional que aún pretende por medio de otros escenarios, deslegitimar la gran consulta popular que el pueblo de Cajamarca votó el 26 de marzo de 2017 a favor de la vida y el agua; un poco más de la tercera parte del censo electoral asistió a las urnas, y la consulta alcanzó a superar su umbral. De esos sufragios, 6.165 fueron en contra de la minería y 76 a favor.

La Consulta popular, permitió emprender un nuevo proyecto para el municipio de Cajamarca, pues aún pueden mantener su gran riqueza agrícola. Pero, ahora los retos son muchos más grandes, puesto que la agroecología y el emprendimiento económico, autosostenible, social y cultural, ha permitido mejorar aspectos sumamente importante en cuanto a la autonomía de las comunidades. “Para exigir respeto al ejercicio democrático que se realiza en el país, vía consultas populares y otros mecanismos legalmente constituidos, constitucionalmente hablando. Hoy vemos que es un movimiento nacional que tiene muchas reivindicaciones en el ámbito ambiental y en defensa de nuestras comunidades, pues ha sido la evolución de este proceso”, expresó Sancho Sanchez.  

Como era de esperarse el desarrollo de las consultas populares en Colombia ha permitido que las comunidades implementen este mecanismo como forma de resistencia social y territorial, donde su labor agrícola repercute en la sostenibilidad y seguridad alimentaria en un sector importante de la sociedad colombiana. Hay que señalar que en el 2013 se realizó la primera Consulta Popular en el país; en este caso en el municipio de Piedras donde este mecanismo activó un frente importante para ejercer soberanía en su territorio. El No fue rotundo. De las 5.105 habilitadas para votar, asistieron 2.995 a los puestos; 2.971 optaron por la negativa y solo 24 por el sí.

Desde ese momento, en el territorio nacional se desarrollaron nueve consultas populares y dentro de esas, Cajamarca y Piedras Tolima. La Consulta Popular de Cajamarca, se convirtió en efecto dominó señaló el integrante del Comité Ambiental, porque le dio esperanzas y demostró a muchas otras comunidades que se ven afectadas, o se ven en riesgos por otros proyectos mineros, que este mecanismo (la consulta popular) son viables. Y vemos que después de lo ocurrido en Cajamarca, se dio la consulta de Cumaral, también en el Quindío, en Cundinamarca, Caquetá, Meta y otras regiones, que han impulsado consultas populares.

La vocación que han mantenido tradicionalmente por generaciones les ha permitido convertirse en la despensa agrícola de Colombia, nombre que ha ostentado por un largo periodo de tiempo, por lo cual, ahora gozan de oportunidades. “Han venido embates de los medios nacionales, del gobierno nacional, de las empresas extractivas; diciendo que: nosotros quebramos Cajamarca, Cajamarca se está muriendo de hambre. Entonces nosotros hemos venido impulsando otro tipo de actividades económicas, ejemplos claros: hemos logrado que empresas como Crepes & Waffles compre directamente a los productores de Cajamarca, para eliminar ese intermediario que se estaba quedando con gran parte del agro”, expresó García.

“Uno de nuestros aliados, precisamente en esta lucha son los pequeños mineros, vemos que por ejemplo Ataco, que en este momento se ven en riesgo por un proyecto que entre comillas es de pequeña minería, como es el proyecto Mineros de Ataco S.A, que puede generar un impacto ya que no son las 25 hectáreas que ellos dicen que van a explotar, sino los más de 700 títulos mineros que existentes en la zona, que pueden atentar no solo contra otras vocaciones económicas de la zona, sino contra la vocación de la minería artesanal”.

De todo el país hoy hay cerca de 100 municipios en Colombia en proceso de convocatoria y consultas populares, lo cual llevó a que el gremio minero y petrolero casi que capturara corporativamente la institucionalidad colombiana” señaló García quien dijo, que se vio como el año pasado (2018) la corte constitucional en unos sentencias muy irregulares dio reversa a varios fallos que estuvieron a favor de las consultas populares en Colombia.

Están reinvirtiendo sus propios fallos, sus propias sentencias, sus propios autos; específicamente la sentencia T 445 el 2016 y el auto 053 del 2017 que decía que las consultas eran legales, constitucionales y podía frenar la minería, agregó Renzo.

Sin embargo, en el mes de junio del presente año, el Tribunal Administrativo hizo que el ríos Coello, Cocora y Combeima en el departamento del Tolima fueran sujetos de derechos, por los cuales se revocaron varias licencias de explotación minera de oro en esta afluentes hídricas. Las empresas deben parar definitivamente la exploración y/o explotación minera aurífera por parte de la multinacional Anglogold Ashanti, hoy conocida como Kedahda; la firma Oro Barracuda Ltda y Continental Gold.

Por otro lado, la comunidad internacional ha fijado su mirada hacia Colombia y especialmente en Cajamarca e Ibagué, dado que esta última es la capital de departamento y declaró en su momento que esta ciudad sería la primera ciudad en Colombia, de vetar la explotación minera extenciva a cielo abierto. 

También, debido a la noticia que se generó con la consulta popular en Cajamarca, esta traspasó fronteras y diferentes medios y agencias de noticias se enteraron sobre un municipio en la zona centro andina de un país suramericano, que ha frenado un proyecto minero denominado La Colosa.

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